El PP alerta de que la prohibición de construir a menos de 500 metros de la costa paralizará la actividad urbanística entre 6 y 10 años
Caride asegura que la Lei de Medidas Urxentes afecta a menos del 1% del suelo urbanizable
La Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e de Protección do Litoral pasó su primer trámite parlamentario tras ser rechazada la petición de devolución del grupo parlamentario popular con los votos en contra de socialistas y nacionalistas. El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, expuso en Radio Líder los motivos de su partido para pedir la devolución de la ley. Asegura que, si se aprueba, se paralizará todo el urbanismo en la costa durante los próximos seis o nueve años. Una situación que le parece un claro error. Y que se debe, a su juicio, a que la Xunta no ha hecho sus deberes, al no haber aprobado todavía el Plan del Litoral. Cree Feijoo que los concellos están pagando que el Gobierno gallego no tiene modelo de ordenación del territorio. Amparándose en estos argumentos, Feijoo defiende la negativa de su partido a asumir las alegaciones de la Fegamp a la ley, donde hay mayoría popular. Los concellos pedían que las prohibiciones del texto no superen los dos años. Lo que quiere el PP, dice Feijoo, es que la ley ni siquiera entre en vigor. Frente a estas críticas, la conselleira de Política Territorial, María José Caride, aseguró en el Parlamento que la norma afectará a menos del 1 por ciento del suelo urbanizable existente en Galicia. Precisó que frente a las acusaciones populares que apuntan a una parálisis de la actividad urbanística, la normativa afectará solamente al 13 por ciento del suelo urbanizable de los concellos costeros por lo que "poderán seguir desenvolvendo os seus proxectos urbanísticos". Durante su intervención, la conselleira destacó que la Lei que impulsa el departamento que dirige pretende frenar la situación de "abandono" que durante los 16 años de Gobierno popular vivió el urbanismo en la comunidad gallega. En este sentido, criticó duramente la "falta de vontade" de los 'populares' a la hora de ayudar a los municipios gallegos a adaptar sus planes urbanísticos a la Lei do Solo. Para Caride, una de las pruebas de este "esquecemento" en lo que se respecta a la ordenación del territorio es que, a día de hoy, sólo una docena de municipios gallegos están adaptados a la legislación vigente. Para la titular de Política Territorial, Galicia no siguió el ejemplo de otras comunidades vecinas como Asturias o Cataluña que "souberon ver a importante ocupación do chan costeiro que se estaba a producir" y que tomaron medidas en su momento "como as que nós temos que tomar hoxe". Caride destacó que es de "gobernos progresistas" defender el territorio y aseguró que esto es lo que pretende llevar a cabo la Xunta tanto con la Lei de Medidas Urxentes como con el Plan de Ordenación do Litoral que "indudablemente presentaremos este ano". Así, manifestó el "esmero" que el Gobierno gallego pondrá en la elaboración de este plan que se convertirá, según sus palabras, en un instrumento de "verdadeira planificación" del territorio. En cuanto al desarrollo de la Lei de Medidas Urxentes, la conselleira destacó también el numeroso grupo de organismos y colectivos sociales consultados, como la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y el Consello Económico e Social (CES) y reiteró que se trata de una medida "a longo prazo" para que "estemos máis orgullosos de vivir onde vivimos". María José Caride manifestó también su deseo de conseguir la "unanimidade" de la Cámara en el apoyo de unas medidas cautelares que favorecen la protección del litoral y que permitirá evitar que se reproduzcan "os modelos que estamos a ver no Mediterráneo" donde las inversiones "xa fuxen cara outros lugares". "Parálise" y "retraso" Lejos de la "unanimidade" demandada por Caride, los populares, a través de la diputada Pilar Rojo reiteraron que la Lei de Medidas Urxentes no es "nin sensata, nin transparente, nin obxectiva" y que se corresponde con una "lei pantalla" que busca más la "oportunidade política" que la "defensa do litoral" gallego. En este sentido, reiteró que supondrá un parálisis de la actividad urbanística en la comunidad que durará entre 6 y 10 años y que "lesionará de gravidade" el sector de la construcción que emplea a 130.000 personas en la comunidad y genera un negocio anual de 6.500 millones de euros. Asimismo, reiteró que esta normativa "retrasa" la elaboración del Plan de Ordenación do Litoral "dous anos máis" y precisó que si la Xunta considera "urxente" adoptar medidas para la ordenar el territorio en la comunidad debería "deixarse de paripés" y tramitar "pola vía de urxencia" el Plan, para lo que ofreció nuevamente el "consenso" de los 'populares'. Por su parte, socialistas y nacionalistas manifestaron su apoyo a la normativa puesta en marcha por la Xunta. El diputado del PSdeG Abel Losada señaló que se trata de favorecer "o desenvolvemento sostible" y colaborar con los concellos en la adaptación de sus planes urbanísticos ya que, aseguró, "non pode repetirse outro Sanxenxo". La nacionalista Carme da Silva afirmó que esta lei es "importante, necesaria e moi urxente" y manifestó "non entender" por qué "se todos os partidos entendemos a necesidade de protexer as nosas costas" se pide "que se devolvan as leis". "Asegúrolle que o BNG segue a traballar para que esta lei sexa satisfactoria para o conxunto da sociedade", explicó e instó al PP a que, "se realmente queren protexer o litoral, deixen que se traballe".