Las irregularidades en las concesiones fueron detectadas por Industria en marzo de 2006
La Consellería de Industria remitió en marzo del año pasado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a petición del propio órgano judicial, los expedientes de parques eólicos y minicentrales relacionados con Luis Castro Valdivia, cuñado del anterior director xeral de Industria, Ramón Ordás. Tras detectar "posibles irregularidades" en algunas de estas concesiones otorgadas por el anterior Gobierno del PP, Industria decidió que fuese la justicia quien se encargase de "determinar se hai indicio de delito". La decisión fue explicada el 2 de marzo de 2006 por el conselleiro de Industria, Fernando Blanco, durante una comparecencia en comisión en el Parlamento, en respuesta a una pregunta del BNG sobre el parque eólico do Chao, entre los concellos lucenses de Muras y Ourol. Este parque se concedió a Hidroeléctrica del Arnoya, participada por una de las sociedades de Castro Valdivia, tras una "aceleración do proceso" durante el Gobierno en funciones. Por entonces, se creía que esta empresa concesionaria estaba controlada por la esposa del alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, y sus hijos, y también se vinculaba con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla, según las informaciones publicadas por el diario LA OPINIÓN de A Coruña. Blanco se refirió en el Parlamento a ésta y otras concesiones relacionadas con Castro Valdivia asegurando que existen "indicios claros de irregularidades administrativas" y de "incompatibilidades". Entre ellas, citó la aceleración de los procesos o el hecho de que Ramón Ordás no se inhibió a la hora de aprobar nueve de las autorizaciones a su cuñado. Además, aseguró en marzo de 2006 que muchos de los proyectos presentados no contaban con red de evacuación y transporte de la energía eléctrica, indispensable para conseguir la autorización, el paso previo a la concesión, y que en algunos documentos "estaban cambiados con tippex datos" como fechas de entrada. 48 empresas Castro Valdivia está relacionado con al menos 48 empresas del sector energético, 45 de las cuales se crearon entre 1999 y 2005, cuando Ordás era director de Industria. En este período, se conceden seis parques eólicos a Castro Valdivia y otros dos quedan pendientes de aprobación final. Además, durante el Gobierno en funciones, de los nueve parques eólicos autorizados, 3 fueron concedidos a empresas relacionadas con este empresario. Blanco destacó que el grupo de empresas contaba con "un significativo peso nas concesións enerxéticas, tanto eólicas como hidráulicas" del anterior Gobierno del PP. Por lo que respecta a la concesión de minicentrales, hay 15 relacionadas con el citado empresario, 13 de ellas durante el período de Ordás, cuando Castro Valdivia se hizo con casi la cuarta parte del total de autorizaciones, y nueve fueron aprobadas por el director xeral, por lo que "existen indicios de incompabilidade", dijo el conselleiro. Están en esta situación los proyectos de Xallás, Conso, Xesta, Corzán, Río Grande, Freixas, Novo Peneda, Novo Arnoia y Ramallal, además del de Xanceda-Xestoso. Aparte, Blanco también dijo que existe un "indicio de fraude de lei", porque Castro Valdivia ostentaba personalmente o a través de diversas sociedades seis parques eólicos autorizados y dos en tramitación y no solicitó ningún plan eólico empresarial, como obliga la ley. Confirmación Meses más tarde, en septiembre de 2006, la Consellería de Innovación e Industria confirmó la "posible existencia de irregularidades na tramitación" de la concesión hidráulica en el río Landro, en el municipio de Ourol, por parte del empresario Castro Valdivia. Así figuró en la respuesta a una pregunta del diputado nacionalista Fernando Blanco Parga. La Consellería de Innovación e Industria acometió una reconstrucción cronológica de todo el proceso de tramitación administrativa seguido por la empresa de Luis Castro Valdivia y llegó a la conclusión de que existieron "irregularidades de carácter non invalidante". El Gobierno gallego también reconoció que "en comparación co tempo de tramitación de outros procedementos similares, o tempo foi especialmente rápido".