Hay cifras que abruman y otras que indignan. En medio del ruido político, de las cumbres europeas y los titulares grandilocuentes sobre defensa, hay una realidad mucho más silenciosa y dolorosa, la sanidad pública española, y especialmente la asturiana, se hunde en una precariedad sostenida mientras el Estado se prepara para guerras que, con suerte, nunca llegarán. 

España invertirá 119.485 millones de euros en defensa hasta 2029. No es un titular de un país en guerra. Es un dato real, publicado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda. Un compromiso adquirido con la Unión Europea en el marco del plan “Rearmar Europa”, que exige que cada Estado miembro eleve su gasto militar 1,5% del PIB. Y eso no bastara, también hay otro compromiso en marcha, alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para 2029, como marca la OTAN. Eso significa 36.560 millones anuales en armas, blindados, cazas, y misiles. Casi el doble de los 17.523 millones presupuestados en 2024. 

Frente a esta avalancha de millones en armamento, está la sanidad pública. En 2025, el Gobierno prevé destinar aproximadamente 98.000 millones de euros a este pilar básico del Estado del Bienestar, lo que supone un 6,7% del PIB. La misma cifra, prácticamente , que en años anteriores. Un dato que se mantiene estancado, cuando no en retroceso. En 2020, el año de la pandemia, se llegó al 7,7%, desde entonces, el compromiso se ha diluido. No hay aumentos proporcionales, no hay planes ambiciosos de rescate sanitario, solo parches, promesas que no se cumplen. Pero si uno quiere entender con claridad la magnitud del abandono, basta con mirar hacia Asturias, la región más envejecida de toda España y la más olvidada en los presupuestos. 

Asturias tiene el dudoso honor de ser la comunidad con la población más envejecida del país, uno de cada cuatro habitantes tiene más de 65 años. Es decir, más de 266.000 personas mayores que dependen, muchas veces a diario, de un sistema sanitario tensionado, escaso personal y con recursos cada vez más limitados. 

En atención primaria, el escenario es crítico. Entre 2022 y 2025, se jubilarán más de 300 médicos de familia en Asturias. Y según datos del propio Servicio de Salud del Principado (SESPA), el déficit anual ya ronda entre 400 y 500 médicos. ¿Cuántos se incorporan? Muy pocos. Porque no hay suficientes profesionales formados, porque se marchan a otras regiones o países con mejores condiciones laborales, o porque, simplemente, no quieren asumir la presión de un sistema que no les cuida. 

Enfermería tampoco respira. Asturias pese a tener una de los mejores ratios de enfermeras por habitante en España (7,27 por cada 1.000), necesita entre 1.141 y 1.788 enfermeras más para alcanzar los estándares europeos (9 por cada 1.000). Según el Colegio de Enfermería, más de 900 profesionales se jubilarán en pocos años, y ni siquiera la actual capacidad de las universidades será suficiente para cubrir esas bajas. Al ritmo actual, se tardaría entre 12 y 19 años en compensar el déficit. 

¿Y qué decir del sector sociosanitario? En una tierra donde la soledad no deseada golpea con fuerza, el cuidado a personas mayores y dependientes debería ser una prioridad absoluta. Sin embargo, el panorama es desolador, Asturias necesitará 12.000 trabajadores más en este sector para 2030, lo que representa un aumento del 88% de la plantilla actual. 

Mientras tanto, las residencias públicas del ERA se vacían de personal, sus trabajadores denuncian condiciones laborales precarias y la carga emocional y física que soportan es insostenible. 

Frente a todo esto, no se anuncian planes extraordinarios, ni presupuestos de emergencia. No hay 4.000 millones más cada año para rescatar la Atención Primaria. No hay partidas especiales para formar a más enfermeras o incentivar el trabajo sociosanitario. 

En cambio, para defensa sí hay hoja de ruta. Sí hay dinero. Y mucho. Si hay sugerencia. Y uno se pregunta, ¿Qué guerra estamos esperando? ¿Qué enemigo justifica esta avalancha de gasto, cuando el adversario más cruel ya está aquí dentro? Se llama cáncer. Se llama soledad. Se llama lista de espera. Se llama ansiedad. Se llama paciente crónico sin seguimiento. Se llama anciano o dependiente sin cuidador. 

En un país donde muchas familias no pueden pagar una residencia privada. Donde el sistema público de dependencia tarda, no meses, años, en conceder una ayuda. Donde una trabajadora social tiene que trabajar en dos ambulatorios en la misma semana. Donde en algunos consultorios rurales ya no hay médico de cabecera todos los días. ¿Cómo se justifica gastar miles de millones en tanques?

Este no es un alegato contra la defensa. España forma parte de una red internacional que exige responsabilidades. Pero defender un país va más allá de sus fronteras físicas. Defenderlo es garantizar que su gente pueda vivir con dignidad. Que nadie muera esperando una consulta. Que un profesional sanitario no se queme antes de cumplir los 40. Defender un país también es invertir en salud, en cuidados, en servicios sociales. En reforzar aquello que da sentido a una sociedad. Porque la verdadera seguridad no solo se mide en radares o cazas supersónicos. Se mide en cómo tratamos a nuestros enfermos, en cómo protegemos a los mayores, en como sostenemos el sistema que nos cuida a todos. 

La pregunta correcta sería ¿cuánto están dispuestos a invertir en vida?

Conchi Basilio