España avanza en el diseño de un Pacto de Estado Climático, mientras la emergencia medioambiental deja de ser un concepto abstracto, para convertirse en uno de los factores más determinantes de la vida cotidiana. El debate político se enciende, los informes se multiplican, y la ciudadanía percibe con creciente inquietud que el cambio climático, ya no es un problema reservado a científicos o activistas, es una realidad que afecta a la economía familiar, al acceso a la vivienda y al bienestar más básico. Frente a esta evidencia sorprende que persista un negacionismo político y social que, lejos de ser anecdótico, influye directamente en la adopción, o el retraso, de medidas fundamentales. 

La reciente iniciativa parlamentaria para impulsar un Pacto de Estado Climático supone, al menos sobre el papel un punto de partida prometedor. Por primera vez en años, el Congreso ha abierto un proceso de escucha en el que organizaciones ecologistas, científicas y sociales presentan propuestas concretas para abordar la emergencia climática desde una perspectiva transversal. Que este proceso cristalice o no en un acuerdo firme dependerá, sin embargo, de la voluntad real de las fuerzas políticas para dejar a un lado el cálculo electoral y asumir el compromiso de una transición que beneficie a la mayoría social. 

Porque si algo ha dejado claro la última década es que los efectos del cambio climático no se distribuyen por igual. Las olas de calor, cada vez más intensas y frecuentes, golpean con mayor dureza a quienes viven en viviendas mal aisladas, sin acceso a sistemas de climatización eficientes y con facturas de energías imposibles de asumir. La llamada pobreza energética deja de ser un fenómeno estacional, para convertirse en una realidad estructural que afecta a jubilados, familias vulnerables y miles de hogares que, ya destinan gran parte de sus ingresos al alquiler o la hipoteca. 

El cambio climático agrava así una desigualdad preexistente, que se extiende desde los barrios periféricos de las grandes ciudades, hasta los pueblos que sufren la despoblación y la falta de servicios. Las personas con menos recursos son, paradójicamente, las que menos han contribuido al deterioro climático y, sin embargo, las que más sufren las consecuencias. El aire cada vez más contaminado, la falta de zonas verdes, los cortes de agua derivados de sequías prolongadas o el aumento del precio de la energía, dibujan un mapa desigual en el que clase social y vulnerabilidad ambiental se solapan peligrosamente. 

A este panorama se suma la crisis de vivienda, un problema que ya figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. El encarecimiento del mercado inmobiliario obliga a miles de personas a aceptar viviendas en peor estado, alejadas de los centros urbanos y sin garantías de eficiencia energética. Una casa con malas condiciones de aislamiento no es solo incómoda, en un contexto de clima extremo, puede convertirse en un riesgo para la salud. La vivienda, por tanto, no puede quedarse al margen del debate climático, debe ocupar un lugar central en cualquier política pública destinada a la adaptación y a la justicia social. 

Pese a todo esto, el negacionismo climático sigue ganando presencia. Algunos partidos, líderes mediáticos y voces influyentes, insisten en rebajar la gravedad de la crisis ambiental o en atribuirla a ciclos naturales, como si una evidencia científica consolidada durante décadas pudiera rebatirse con ocurrencias. Este negacionismo a menudo selectivo y cargado de ideología, es uno de los principales frenos a la acción política. El coste del retraso, conviene recordarlo, no se mide solo en emisiones, se traduce en más desigualdad, más pobreza y más vulnerabilidad para quienes menos pueden defenderse. 

España se encuentra, por tanto, en un punto decisivo. Si el Pacto de Estado Climático se convierte en un documento ambicioso, con plazos vinculantes y medidas que incluyan vivienda, energía y justicia social, puede marcar un antes y un después. Si se queda en una declaración de intenciones, volveremos a aplazar decisiones que ya llegan tarde. 

La emergencia climática no entiende de ideologías, pero sus efectos sí tienen rostro. Y es responsabilidad de la política, de los medios y de la sociedad civil garantizar que ese rostro no sea siempre el mismo, el de quienes menos tienen. España no puede permitirse seguir posponiendo la respuesta. El futuro, para muchos, ya está en juego en el presente.

Conchi Basilio