ESTADO DE ALARMA
Campo no descarta cambios legales para restringir derechos tras la alarma
EFE | El
Gobierno estudiará cambios legales y los propondrá a las Cortes si se
estiman necesarios después de que el Supremo resuelva los recursos de
los gobiernos autonómicos que han visto cómo los tribunales superiores
de justicia de sus territorios han anulado las restricciones diseñadas
tras el estado de alarma.
Así lo afirma el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna
publicada en El País, en la que recuerda también que los gobiernos
autonómicos "siempre tienen la posibilidad de solicitar" que se declare
en su territorio el estado de alarma, "con el alcance que consideren". "Es una posibilidad específicamente prevista en nuestra legislación,
que el Gobierno central ya se ha comprometido a apoyar", recalca.
El
ministro considera que el fin del estado de alarma es "una buena
noticia" porque, a su juicio, significa que lo peor de la pandemia ha
pasado y que la excepcionalidad ya no es imprescindible. El
Gobierno, asegura, es consciente "del enorme coste que las restricciones
han tenido para la ciudadanía", tanto en forma de crisis económica como
emocional, pero considera un acierto haber decretado el estado de
alarma, frente a la "irresponsabilidad y deslealtad" de la oposición.
Tras recalcar que ese "derecho de excepción" solo puede mantenerse el
tiempo "absolutamente imprescindible", Campo subraya que el fin de ese
estado no significa el fin de las restricciones y asegura que el
ordenamiento jurídico vigente tiene "mecanismos suficientes" para
aplicarlas. "Contamos con una ley general de salud
pública, una de medidas especiales sanitarias y otra de seguridad
nacional. Incluso las administraciones locales cuentan con instrumentos
útiles en la prevención. Y allí donde sea necesario adoptar
disposiciones que restrinjan derechos fundamentales, se deberá recabar
autorización judicial. Ese es el sistema vigente en nuestro país",
recalca Campo.
Recuerda que es un procedimiento que se incorporó a
la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa en 2000, durante
el Gobierno de José María Aznar, y que ha sido reformado por este
Ejecutivo primero para que fueran los tribunales superiores de justicia
de cada comunidad los encargados de validar las medidas y después para
que la última palabra la tenga el Supremo.
El ministro defiende
este sistema "flexible y garantista" en el que los jueces realizan "un
juicio de proporcionalidad" si hay que tomar medidas restrictivas de
derechos y en el que, si hay disparidad de criterios, es el Supremo el
que marcará la pauta común para todo el país.
"Por supuesto, si de sus resoluciones se desprende la necesidad de
realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las
Cortes", afirma antes de recordar también la posibilidad de que un
gobierno autonómico solicite la declaración del estado de alarma en su
territorio.