EFE | El
Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la ley por la que se
reforma la legislación civil y procesal para eliminar la incapacitación
judicial de las personas con discapacidad intelectual y establecer un
sistema basado en el apoyo y el respeto a su voluntad.
Con la votación de las enmiendas introducidas en el Senado, sale
adelante esta reforma que da cumplimiento a la Convención internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 que obliga a
garantizar la igual capacidad jurídica del colectivo sin restricciones
ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea
preciso, pero sin sustituir a la propia persona.
"Hoy es un día de enorme satisfacción porque vamos a aprobar una ley
que es justa, social, igualitaria y digna, una ley que genera
satisfacción", ha subrayado el titular de Justicia, Juan Carlos Campo. A
partir de ahora primará la voluntad de las personas con discapacidad y
su derecho al acceso efectivo a la justicia, a suscribir un contrato o a
tomar una herencia, garantizando que cuenta con los apoyos necesarios
para adoptar estas decisiones, y que sólo será representado o sustituido
cuando el apoyo no pueda darse de otro modo.
Campo ha celebrado
el amplio consenso parlamentario que ha generado esta norma y que
demuestra que hay una nueva forma de hacer política, la fórmula del
"acuerdo, del consenso, del sacrificio recíproco y de arrimar el
hombro". También la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra,
ha celebrado que por fin se va a respetar la voluntad de las personas
con discapacidad gracias a la norma que permitirá su igualdad ante la
ley.
Todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo al
texto, menos Vox, que considera que el "espíritu" del proyecto de ley es
"erróneo" al considerar que la dignidad de las personas reside en su
voluntad y porque supone un "ataque" a la institución de la familia. "Esta
ley refuerza a las familias, las personas que más quieren a sus hijos,
se dan los apoyos, que además serán voluntarios, y ya no tendrán que
demandar a sus hijos para establecer la protección, podrán llevarlo a
cabo con una declaración voluntaria o con un acuerdo", le ha contestado
la diputada del PP María Jesús Moro.
Esta diputada ha destacado que la ley "nos va a permitir mirar a los
ojos a las personas con discapacidad" y dejará de ser "la imposición por
la imposición". Desde el PSOE, el diputado Miguel Ángel González
ha subrayado que esta norma garantizará que millones de personas con
discapacidad puedan tomar sus propias decisiones y cumplir sus sueños
con la ayuda que precisen.
"Hoy España hace realidad muchas
esperanzas, muchas ilusiones frenadas en el pasado", ha afirmado
González, que cree que gracias a esta ley se construye una sociedad más
íntegra que no discrimina a nadie.También la diputada de Podemos
Marisa Saavedra considera que esta norma ofrece ayudas para superar
barreras y garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos, mientras
que Sara Giménez (Cs) ha subrayado que permitirá pasar de un sistema que
"sustituía a las personas" a un sistema de acompañamiento.
Desde el grupo Plural, Genís Boadella ha recalcado que con esta
aprobación se pone "la semilla" para una nueva legislación que pueda
venir a partir de ahora, mientras Mikel Legarda (PNV) ha incidido en el
cambio de sensibilidad a la hora de afrontar el tratamiento de la
discapacidad y situarlo en el ámbito de los derechos fundamentales.
El
proyecto introduce cambios en un amplio abanico de normas, desde la ley
del notariado al Código Civil, la ley hipotecaria, la de enjuiciamiento
civil, la de protección patrimonial de las personas con discapacidad,
la normativa tributaria, el Registro Civil o la ley de jurisdicción
voluntaria. Se incluye en la reforma del Código Civil el nuevo
sistema basado en el apoyo, término que engloba desde la ayuda técnica
en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras
arquitectónicas, hasta la representación o sustitución en la toma de
decisiones, únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo.
Al debate han asistido representantes del Tercer Sector como el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la
Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena Inclusión,
que agrupa a casi un millar de asociaciones del ámbito de la
discapacidad, que han celebrado este hito que elimina "una
discriminación histórica" hacia este colectivo.