En un país como España, donde la política se ha convertido en un espectáculo de desgaste constante, donde los grandes partidos se anulan mutuamente en una guerra de trincheras, los trabajadores, quienes sostienen día a día el funcionamiento real de la nación, enfrentan una encrucijada cuando lleguen las nuevas elecciones, votar no para elegir a los mejores, sino para evitar a los peores. 

La desafección es comprensible. La corrupción no distingue colores. La falta de compromiso social es transversal. Pero por más legítimo que sea el hartazgo, hay algo aún más peligroso, el retroceso, y de eso ya tenemos ejemplos cercanos. 

Durante años, los pensionistas vieron cómo sus ingresos se ajustaban por debajo del coste real de la vida. Entre 2013 y 2017, con la aplicación del índice de revalorización del 0,25%, se perdió mucho poder adquisitivo frente a la inflación. Hoy, el sistema ha cambiado, las pensiones se revalorizan conforme al IPC medio, “pero siempre aplicado sobre el bruto, no el líquido a cobrar”. 

Pero esta subida no es un regalo, es el resultado de una reforma pactada, de presión ciudadana y de una visión que puede desaparecer si vuelve al poder una orientación política que defiende una fórmula regresiva. 

Según los últimos datos, en 2025 el gasto en pensiones ascenderá a 216.000 millones de euros, lo que supone casi un 13% del PIB, algo que, algunos sectores ya advierten que esta política no es “sostenible” y plantean volver a fórmulas restrictivas, traducido, volver a recortar. Pero no se han devuelto los miles de millones que se han sacado de la “hucha de las pensiones” para rescatar a los bancos, esto tampoco debería de ser consentido. 

La sanidad española atraviesa una crisis estructural. No se trata de una huelga más o de un hospital puntual colapsado, es una ola silenciosa de jubilaciones que amenaza con desmantelar el sistema. El 40% del personal médico en activo superará los 60 años en los próximos cinco años. En 2029 faltaran más de 5.900 médicos si no se toman medidas inmediatas. En enfermería, la situación es similar, se necesitarán al menos 100.000 nuevos profesionales en la próxima década para equipararnos a la media europea. 

En paralelo, la educación sufre el olvido de una inversión sostenida. España apenas roza el 4,6% del PIB en gasto educativo, por debajo de la media europea. Institutos y colegios con infraestructuras obsoletas, falta de climatización, barreras arquitectónicas y carencia de personal especializado. España acumula un déficit de conservación de infraestructuras superior a los 13.000 millones de euros. 

Algunas de las vías nacionales se encuentran en estado “muy deficiente”, además de los sistemas ferroviarios que siguen con un funcionamiento lamentable, por falta de renovación y puesta al día. También las infraestructuras lamentables que tienen algunas provincias para luchar con las inundaciones, como las DANAS. Sin inversión, muchas regiones quedarán expuestas a pérdidas humanas y económicas cada otoño. 

En materia de cuidados, España no solo está lejos de liderar, se encuentra en emergencia. Más de 155.000 personas reconocidas como dependientes no reciben prestación alguna, según cifras del IMSERSO. El tiempo medio de espera para resolver una solicitud supera el año y en algunas comunidades algo más. 

La ley de dependencia, nacida como un cuarto pilar del estado del bienestar, ha sido maltratada por los recortes, por la burocracia y por la falta de recursos humanos. Un dato lo resume todo, España invierte solo el 0,96% del PIB en dependencia, frente al 2% recomendado por la Unión Europea. Lo social no es un lujo, es lo primero. 

En este contexto, votar no debería ser un ejercicio ideológico ni una apuesta sentimental. Es una cuestión de supervivencia. Quien recorte en pensiones, en sanidad, en dependencia o en infraestructuras básicas está debilitando los cimientos de una sociedad que aún recuerda las consecuencias de la austeridad mal aplicada. 

El ejemplo de Estados Unidos con Donald Trump, que ha recortado en sanidad mientras aumenta el gasto en defensa hasta más de los 778.000 millones de dólares, no puede servirnos de modelo. Las prioridades revelan el alma de un gobierno. Y España no puede permitirse elegir el camino del retroceso. 

A los trabajadores nos toca algo muy sencillo y muy difícil a la vez, no votar por ilusión, sino por responsabilidad. No por promesas, sino por garantías. Porque dentro de lo malo, hay opciones que todavía respetan los mínimos de dignidad. 

Lo que está en juego no es solo el color de un gobierno. Es nuestra salud, nuestras pensiones, la educación de nuestros hijos, la atención de nuestros mayores y la calidad de vida que merecemos y dejaremos a las próximas generaciones.

Conchi Basilio