EFE | Perú,
el país con el récord mundial de presidentes procesados por la
Justicia, elige esta semana a su nuevo gobernante, una ardua decisión
entre dos extremos: el de Pedro Castillo (izquierda) y el de Keiko
Fujimori (derecha), quien de hecho ya afronta un pedido fiscal de más de
30 años de prisión.
El
que gane ocupará un sillón presidencial donde todos los que se han
sentado desde 1985 han terminado investigados, arrestados o
encarcelados, a excepción de los presidentes interinos Valentín Paniagua
(2000-2001) y Francisco Sagasti (2020-2021). Por encima de todos destaca Alberto Fujimori (1990-2000), que cumple
una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y por la
gigantesca red de corrupción que, junto a su súper asesor Vladimiro
Montesinos, instauró en el aparato estatal.
Con diversas condenas en su haber y juicios aún activos, el padre de
la candidata Keiko fue sentenciado por haber amparado desde el poder el
asesinato de 25 personas, entre ellas un niño de 10 años, a manos del
grupo militar encubierto Colina en Barrios Altos (1991) y La Cantuta
(1992).
Odebrecht, corrupción de largo plazo
El resto de presidentes que le siguieron están procesados desde 2016
por el caso Odebrecht, la constructora brasileña que sobornó altos
funcionarios en una docena de países de Latinoamérica para ganar
millonarias adjudicaciones de obras públicas.
Sólo en Perú las investigaciones han llegado hasta las más altas esferas. Como si fuese un virus, la turbia influencia de Odebrecht contagió a
los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), el fallecido Alan García
(1985-1990 y 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo
Kuczynski (2016-2018).
Toledo está imputado por haber recibido unos 34 millones de dólares
en sobornos de Odebrecht a través de un entramado de sociedades en
paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias
propiedades inmobiliarias en Perú.
De momento, Toledo está en libertad en California a la espera de que
la Justicia estadounidense evalúe su extradición a Perú, donde ya le
espera una orden de prisión provisional por 18 meses mientras es
juzgado.
Alan García, antes muerto que detenido
Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza en 2019 cuando iba a
ser detenido por la Policía, después de que sus presuntos testaferros
comenzasen a confesar pagos de Odebrecht en cuentas de la Banca Privada
de Andorra (BPA).
"Dejo mi cadáver como muestra de desprecio a mis adversarios", decía
la nota escrita por García, que siempre sostuvo que se trataba de una
persecución política.
Humala y su esposa Nadine Heredia pasaron casi diez meses en prisión
provisional imputados por presunto lavado de dinero en sus campañas
electorales al supuestamente haber recibido 3 millones de dólares de
Odebrecht.
Y a sus 82 años, Kuczynski lleva dos años en arresto domiciliario
mientras es investigado por presuntamente haber recibido dinero ilícito
de Odebrecht cuando era ministro en el Gobierno de Toledo.
PPK, como se le conoce por su siglas, dimitió en 2018 para evitar ser
destituido por el Congreso cuando se descubrió que supuestamente ocultó
esos pagos ilícitos en presuntas asesorías ficticias.
Ni Vizcarra ni Merino se salvan
A Kuczynski le reemplazó su vicepresidente Martín Vizcarra
(2018-2020), que juró cortar de raíz con toda esa corrupción hasta que
se descubrieron una serie de presuntos sobornos que recibió cuando era
gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).
Esa fue la excusa a la que se aferró el Congreso, dominado por la
oposición, para destituir a Vizcarra por "incapacidad moral permanente" y
asumir el Poder Ejecutivo en la figura del efímero Manuel Merino, que
también está procesado pese a que solo estuvo en el cargo cinco días.
Merino está imputado por homicidio y lesiones graves en las muertes
de Into Sotelo y Bryan Pintado, los dos jóvenes manifestantes muertos
por disparos de la Policía durante la represión a la gran manifestación
del 14 de noviembre pasado que forzó la dimisión del interino
mandatario.
Keiko promete el indulto a Fujimori
Sagasti tomó las riendas del Ejecutivo y será quien ceda el mando a
Castillo o Fujimori, quien ya prometió indultar a su padre pese a que a
éste la queda prácticamente la mitad de su condena por cumplir.
De ganar, Keiko eludiría durante su mandato un eventual juicio por
presunto lavado de dinero en la financiación de sus anteriores campañas
electorales.
Los antecedentes de Fujimori son el principal escollo de muchos
peruanos para votar por ella, que representa el continuismo del modelo
económico neoliberal instaurado en Perú por su padre, frente al
reformismo de Castillo, que aboga por una nueva Constitución y la
nacionalización de recursos naturales.