EFE | La
vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, se reunirá con Pedro Sánchez la próxima semana
para "tomar una decisión" sobre una posible subida este año del Salario
Mínimo Interprofesional (SMI) y convocar la mesa de diálogo social.
"Una vez que ya tenemos el informe de los expertos, toca que me reúna
con el presidente para tomar una decisión y también convocar la mesa del
diálogo social", ha explicado la ministra en una entrevista con Efe en
Catania (Sicilia, sur de Italia), donde participa en la reunión de
ministros de Trabajo del G20 bajo presidencia italiana. La reunión entre Díaz y Sánchez se producirá después de que el pasado
viernes una comisión de expertos recomendara subir el salario mínimo
(actualmente congelado en 950 euros) hasta situarlo en el 60 % del
salario medio al final de la legislatura.
Este comité también aconsejó elevarlo en 2021 entre 12 y 19 euros, un
tema sobre el que existen discrepancias entre los socios del Ejecutivo.
"Nuestra posición es conocida, pero el Gobierno decidirá", ha dicho
Díaz, que ha confiado en que el Ejecutivo supere sus diferencias para
evitar que los colectivos "más golpeados" sigan sufriendo "una pérdida
de poder adquisitivo".
"Pensemos que el IPC está en el 2,7 %, tenemos precios disparados de
la luz y de otros productos básicos. Frente a las medias de subidas de
convenios colectivos, es decir, los trabajadores y trabajadoras que
tienen una red de protección social, en este caso, el convenio
colectivo, que crece entre el 1,5 % y el 1,8 %, es muy llamativo que
dejemos a los que más lo necesitan fueran de esta protección", ha
argumentado.
"Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social y desde Unidas
Podemos lo tenemos claro: no se entendería que, justo en una crisis
enorme, de la que no podemos salir con más desigualdad, hiciéramos una
política que desde luego no beneficia a quienes más lo necesitan", ha
añadido.
Reforma laboral
Sobre la reforma laboral, Díaz ha reiterado que los agentes sociales y
su Ministerio trabajan "intensamente" para llegar a un acuerdo antes
del 31 de diciembre e impulsar una "reforma del mercado de trabajo
ambiciosa, integral, profunda" y que ataje "los déficit estructurales" y
las carencias, como por ejemplo la precariedad laboral o el difícil
acceso a un puesto de trabajo de mujeres y jóvenes.
"Va a ser fruto del diálogo social la salida que busquemos. Vamos a
tener todo tipo de reformas, desde las modalidades de contratación,
caminando hacia su carácter estable, hasta el mecanismo de flexibilidad
interna que ha funcionado excelentemente en la crisis, los ERTE con
carácter estructural, pasando por la negociación colectiva", ha
señalado.
Preguntada sobre si estaría dispuesta a mantener el contrato por obra
o de servicio para que la patronal CEOE se sume al acuerdo, Díaz ha
pedido "dejar trabajar" a los agentes sociales, aunque ha matizado que
el Tribunal Supremo ya ha advertido de que ésta "es una de las
grandísimas modalidades de contratación que tienen un uso principalmente
fraudulento". "Estamos hablando de más de 8 millones de contratos por obra y
servicio determinado", casi siempre "practicando fraudes de ley", ha
apuntado.
Para Díaz es fundamental que en España "el contrato por excelencia
sea el estable", aunque tenga que haber temporales, pero siempre que las
empresas justifiquen "por qué a alguien se le hace un contrato
temporal".
ERTE para algunos sectores a partir del 30 de septiembre
La vicepresidenta tercera ha afirmado que "es probable que haya
sectores" que después del 30 de septiembre, cuando vence la prórroga de
los ERTE, sigan necesitando "de este acompañamiento", un mecanismo que
"está funcionando perfectamente" durante los meses de pandemia.
"Antes de septiembre volveremos a sentarnos y volveremos a estudiar
qué sectores necesitan de este acompañamiento", ha destacado.
Aunque no ha querido entrar en detalles sobre el desempleo en junio,
ha pronosticado que los datos serán "moderadamente positivos".
Los precios de la luz
Asimismo, Díaz ha destacado que los elevados precios de la factura
de la luz son uno de los mayores problemas que sufre "una parte muy
importante de la población" y que el Gobierno está adoptando "medidas
muy valientes", como "actuar sobre los denominados beneficios caídos del
cielo" que ingresan las eléctricas.
Bajar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 21 % actual hasta
el 10 %, una decisión que se adoptará el jueves en el Consejo de
Ministros, es un paso "relevante", pero "no suficiente" para Díaz, que
ha defendido "intervenir de manera estructural en el modelo de fijación
de precios de la luz".