CATALUÑA | POLÍTICA
El juez ve "malversación sistemática" en una firma que montó actos de Puigdemont
EFE | El
juez del caso Volhov investiga si la empresa Iniciatives Events, que
organizó actos políticos del expresidente catalán Carles Puigdemont y
prestó apoyo logístico a Tsunami Democràtic, ha malversado caudales
públicos de forma "sistemática y continuada". Así lo sostiene el titular del juzgado de instrucción número 1 de
Barcelona en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que acuerda
prorrogar otros seis meses la instrucción del caso Volhov, que indaga el
presunto desvío de fondos públicos al procés y supuesto tráfico de
influencias en negocios de miembros del "estado mayor" del 1-O, entre
ellos el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el excargo de CDC David
Madí.
El juez justifica la prórroga de la instrucción en la necesidad de
investigar la actividad de Iniciatives Events, empresa cuyos dos
responsables, Antoni Fusté y Roc Aguilera, fueron detenidos el pasado mes de octubre en una operación de la Guardia Civil, que se incautó de abundante documentación en papel y electrónica en las oficinas de la firma. Según sostenía el juez en el
auto en que autorizó las detenciones, la empresa, especializada en actos
culturales y deportivos, prestó apoyo logístico a acciones de ANC o
Tsunami -como la protesta contra una visita del rey Felipe VI a
Barcelona- y organizó actos de Puigdemont, entre ellos el que tuvo
lugar en Perpiñán (Francia) en febrero del año pasado o la reunión que
mantuvo con su antecesor en el cargo, Artur Mas, y su predecesor, Quim
Torra.
El juez Joaquín Aguirre sostiene en su auto que, según le ha comunicado verbalmente la Guardia Civil, la documentación incautada "reviste indiciariamente caracteres del delito
de malversación de caudales públicos realizado de manera sistemática y
continuada", lo que afecta "a una gran variedad de personas de
relevancia pública".
Recuerda el magistrado que Iniciatives Events ha recibido fondos del Consell Català de l'Esport "enmascarados en contratos" con
dos agencias de viajes y que, para conseguir contratos con las
administraciones, sus responsables "aportan presupuestos de empresas a
ellos vinculados falseando licitaciones y garantizando su adjudicación".
El juez cree también necesario prorrogar por otros seis meses su investigación, ante los indicios de las "operaciones delictivas en las que estarían involucrados"
los empresarios Madí y Vendrell, quienes cree utilizaron su poder de
influencia con las autoridades catalanas para beneficiar negocios
privados, vinculados entre otros al sector de las VTC o los laboratorios
de biomecánica.
Según el auto, a raíz del análisis de teléfonos, ordenadores y correos electrónicos
intervenidos a los detenidos, la Guardia Civil está elaborando un total
de 137 informes, de los cuales ha presentado ya 70 al juzgado. Una vez disponga de todos los
informes sobre el análisis de los dispositivos, añade el juez, deberá
empezar a tomarse declaración a los testigos y a los investigados que se acogieron a su derecho a no declarar tras ser detenidos, así como practicar las diligencias que se deriven de los indicios recabados por la Guardia Civil.
En un informe que acaba de entregar al juzgado, la Guardia Civil recoge una conversación entre David Madí y el apoderado de una consultora,
en la que asegura que, con la patronal Foment del Treball de la que
forma parte, se reunió con Iván Redondo, exjefe de gabinete del
presidente del Gobierno Pedro Sánchez.En ese encuentro "de pequeño comité", explica Madí a su interlocutor, Redondo les "explicó" sobre el reparto de los fondos europeos de reconstrucción. "Eso será una merienda de negros", añade.