BRUSELAS | Los países de la Unión Europea (UE) podrán organizarse para acometer
compras conjuntas de gas en situaciones de emergencia por escasez de
este recurso, pero no para hacer frente a episodios de escalada de
precios como el actual, como pedía España.
La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles un paquete de
medidas legislativas para descarbonizar el mercado europeo del gas y en
él recoge la posibilidad de que los socios comunitarios unan fuerzas de
manera voluntaria para comprar gas.
España y otros países como Francia habían pedido que se autorizaran
estas compras centralizadas como respuesta al incremento de los precios
energéticos de los últimos meses, en el que se han alcanzado cotas
históricas principalmente por el gas, pero la iniciativa de Bruselas
limita esta acción a casos de emergencia.
La propuesta de la Comisión, en todo caso, tendrá que negociarse con
el Consejo, que representa a los Estados miembros de la UE, y con el
Parlamento Europeo.
Así, estas compras sólo se podrían hacer en situaciones en las que
existan cortes en el suministro y los países que quieran participar en
ellas tendrán que avisar antes al Ejecutivo comunitario, que supervisará
si no contraviene las normas europeas sobre energía o sobre ayudas de
Estado.
La Comisión Europea también sugiere reforzar el almacenamiento de gas
a escala europea mediante un enfoque "más estratégico" en el que pide a
los países que evalúen de forma continua sus reservas y aporta una
serie de opciones si identifican riesgos, como obligar a mantener un
nivel mínimo de gas o la organización de subastas.
El objetivo principal del conjunto de medidas presentadas por le
vicepresidente del Ejecutivo económico para el Pacto Verde Europeo,
Frans Timmermans, y la comisaria de Energía, Kadri Simson, es impulsar
la entrada de gases renovables, en el sistema en detrimento de aquellos
que proceden de combustibles fósiles.
"Europa tiene que pasar la página de los combustibles fósiles y
avanzar hacia fuentes energéticas más limpias. Esto supone reemplazar
los gases fósiles por otros renovables y bajos en carbono, como el
hidrógeno", explicó Timmermans en una rueda de prensa.
Otro de los objetivos del nuevo paquete energético es el de impulsar
un mercado específico para el hidrógeno mediante la creación de un
"entorno correcto" para inversiones y el despliegue de una
"infraestructura específica" que incluya intercambios comerciales con
terceros países.
Metano y captura de CO2
Dentro de este conjunto de medidas se encuentra la primera propuesta
legislativa en la UE para reducir las emisiones de metano, un "potente"
gas de efecto invernadero que es responsable de casi un tercio del
cambio climático en la actualidad y que fue parte de los debates en la
pasada cumbre climática COP26 de Glasgow (Reino Unido).
Entre otras medidas, Bruselas propone prácticamente prohibir la quema
y ventilación de gas -que sólo se podrá hacer bajo circunstancias
excepcionales- y obligar a empresas gasísticas y del carbón a detectar y mitigar sus emisiones de metano, así como a reparar posibles fugas de este gas.
Por otro lado, presentó una hoja de ruta para apoyar la captura de
CO2 a través de "un mercado interior para capturar, utilizar y almacenar
carbono y la necesaria infraestructura de transporte transfronterizo de
CO2".
Edificios eficientes
La Comisión Europea presentó también una propuesta para descarbonizar
los edificios, que actualmente consumen el 40 % de la energía de la
Unión Europea y generan el 36 % del CO2.
Bruselas propone renovar el 15 % del "stock" de inmuebles de la UE
energéticamente menos eficientes para 2030, con 150.000 millones de
euros de financiación comunitaria.
En concreto, la CE sugiere que el 15 % de los edificios residenciales
de los Veintisiete se renueven para alcanzar al menos el grado F del
certificado energético en 2030 y que los no residenciales, como oficinas
o instituciones, lleguen a ese nivel en 2027.
La iniciativa, que también tendrá que negociarse con el Consejo y la
Eurocámara, abarcaría 30 millones de edificios y la Comisión está
dispuesta a aportar 150.000 millones de euros de distintas partidas del
presupuesto de la UE.
Además de ir renovando el parque de edificios existente, de los que el
85 % aún estará operativo en 2050, cuando la UE tendrá que haber
alcanzado la neutralidad climática, la Comisión quiere que los que se
vayan construyendo a partir de 2030 sean inmuebles de "cero emisiones". EFE