LEY DE EUTANASIA
Ley de Eutanasia: seis meses marcados por la opacidad y falta de información
MADRID | A
punto de cumplirse seis meses de la entrada en vigor de la ley de
eutanasia, solo dos comunidades -País Vasco y Cataluña- han hecho
públicos los datos sobre solicitudes de ayuda a morir, mientras que la
falta de formación e información entre sanitarios provoca retrasos que
prolongan el sufrimiento de los afectados.
El próximo sábado se cumplen seis meses desde que
entrara en vigor la ley que garantiza una ayuda médica para morir a
aquellas personas con una enfermedad grave e incurable y que padezcan un
sufrimiento "constante e intolerable". La aprobación de esta ley -que recibió el visto bueno del Congreso el
pasado 18 de marzo con un amplio apoyo- fue celebrada por los colectivos
que llevan años defendiendo el derecho a una muerte digna, y que ya en
su día advirtieron de que estarían vigilantes para garantizar que la
norma se cumplía y la ayuda llegaba a quienes contaban con los
requisitos.
Cataluña y País Vasco, las únicas que han publicado
Medio año después es difícil analizar el cumplimiento de la ley porque
solo Cataluña y País Vasco han dado a conocer el número de solicitudes
presentadas y las eutanasias que se han realizado. Hasta finales de noviembre un total de 53 personas habían pedido la
eutanasia en Cataluña, la mitad de solicitudes (28) habían sido
aprobadas -solo 3 denegadas- y 24 ya han recibido la asistencia para una
muerte digna.
La secretaria general del Departamento de Salud, Meritxell Masó; la
directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria, Azucena
Carranzo; y el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de
Cataluña, Albert Tuca, ofrecieron una rueda de prensa para informar de
estos casos.
En Euskadi, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y el viceconsejero,
José Luis Quintas, comparecieron a petición propia en el Parlamento
para informar de la aplicación de la ley. En este territorio, 13
personas han accedido a la ayuda y otras 12 están a la espera de recibir
la prestación.
Hasta el 10 de diciembre se recibieron 34 solicitudes y ocho personas
fallecieron antes de que pudieran ejercer este derecho, mientras que se
le ha denegado la prestación a una persona. Esta transparencia contrasta con el resto de comunidades, que mantienen
silencio con respecto a las eutanasias realizadas y que, en el caso de
la Comunidad Valenciana y Canarias, ni siquiera han hecho público el
nombre de los componentes de la Comisión de Garantías y Evaluación,
encargados de autorizar cada caso. Así lo denuncia, en una entrevista con Efe, el presidente de Derecho a
Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco, para quien la aplicación de la
ley es muy distinta según la región.
"Hay comunidades que están facilitando mucho más el uso efectivo de este
derecho reconocido en la ley y lo están facilitando a muchos niveles,
desde la formación a profesionales hasta el cumplimiento de los plazos",
indica. Entre ellas, Velasco destaca precisamente a Cataluña y País Vasco,
mientras que lamenta que Andalucía y Madrid hayan tardado cuatro meses
en constituir su Comisión de Garantías y Evaluación, lo que ha provocado
que los ciudadanos de estas dos comunidades hayan tenido que esperar
más de la cuenta para acceder a este derecho. "Es inadmisible".
Otra muestra de la desigualdad entre territorios la viene observando en
DMD desde la entada en vigor de la ley. "Nos llegan casos de comunidades
en los que a los pacientes se les deniega la solicitud aduciendo que no
cumplen los requisitos, mientras que en otras regiones casos muy
similares se han admitido". Esto supone -lamenta- que "según dónde te toque vas a tener más o menos
'suerte' y, cuando hablamos de un derecho, debería ser algo más
objetivo".
Velasco sí que cree que hay algo común a todas las comunidades
autónomas: la falta de formación e información de los médicos. "Muy a
menudo los profesionales que reciben una solicitud no saben qué hacer
con ella y así se lo hacen saber al ciudadano, a veces objetando, y eso
lleva a retrasar los trámites". Cuando un médico recibe una solicitud y va a objetar -explica- debe
pasar esa solicitud a su inmediato superior, "pero nos consta que muchas
veces no ocurre así y es el solicitante el que tiene que acudir de un
médico a otro y eso está muy generalizado. Es falta de información y de
formación por parte de los profesionales y crea muchas trabas de
agilidad".
En su opinión, esto se debe a que la mayoría de las comunidades no han
informado a los sanitarios. "Estamos recibiendo solicitudes de
información por parte de los profesionales, cuando esa labor la debería
hacer la administración".
"Nos escriben médicos que han recibido una solicitud que les parece
viable y dicen que no saben qué hacer con ellas, no saben dónde
enviarla", denuncia. En general -concluye- la información es muy deficitaria y eso conlleva retrasos. Este fue el caso, por ejemplo, de una mujer de 83 años en Zaragoza, uno de los pocos que salió a la luz.
La mujer arrastraba una luxación de cadera congénita que, con los años,
había ido sumándose a un grave deterioro de sus condiciones físicas sin
posibilidad alguna de mejora; permanecía postrada en cama, encerrada en
un piso sin ascensor, atendida por su familia pero con dolores
constantes.
Solicitó la ayuda para morir pero, según DMD, los profesionales que la
atendieron dijeron que no conocían la ley y no intentaron comprender la
situación de la mujer, por lo que ni siquiera se llegó a tramitar la
solicitud en el centro de salud. Después de cuatro meses pidiendo "desesperadamente" la eutanasia, el pasado mes de noviembre se suicidó.
A juicio de Velasco, todas estas trabas contribuyen a alimentar el
"tabú" de la eutanasia. "Hay que naturalizar la muerte, se ha reconocido
un derecho más, que no obliga a nadie, ni a profesionales, ni a
ciudadanos, y lo que queremos es que se naturalice, como el aborto, los
divorcios o los matrimonios del mismo sexo". EFE