GALICIA | CASO ANGROIS
El juicio por el descarrilamiento del Alvia: ¿en el primer trimestre de 2022?
SANTIAGO DE COMPOSTELA | Al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, José María
Gómez y Díaz-Castroverde, el primer trimestre del año 2022 le parece
"realista" para celebrar el juicio por el accidente del Alvia acontecido
el 24 de julio de 2013 y que dejó ocho decenas de muertes. Los
familiares se han hecho oír este 2021 en varias ocasiones; la última,
con la llegada del AVE a Ourense.
Ese día, el 20 de diciembre, coincidiendo con la inauguración de
carácter institucional, en Madrid entregaron una carta al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, en presencia del rey Felipe VI y de la
vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, y
consideraron "inaceptable" que tras ocho años sin la investigación
independiente que pide la Comisión Europea se inaugurase de forma
"ostentosa" esa línea de alta velocidad, "como si no hubiese pasado
nada". "Falta de sensibilidad y desmemoria impropias de un país serio.
Debería avergonzarles", lamentó entonces la plataforma 04155, por boca
de su portavoz, Jesús Domínguez, que cuenta los días sin que alguien
haya asumido responsabilidades.
El
pasado mes de julio el juzgado decretó la apertura de la vista oral, falta
ahora el señalamiento, contra el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y
el entonces jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.Con
todo, supervivientes -como el propio Domínguez- y familiares piden más,
al defender que hay hechos graves que no serán abordados y que van mucho
más allá de que un conductor no frenase a tiempo sin que existiese
sistema automático alguno para evitar las fatales consecuencias de ese
despiste.
La Ciudad de la Cultura, asentada en la capital gallega, será el
escenario en el que se vea la causa y está previsto que tomen parte
hasta 120 abogados y procuradores. Al igual que ocurrió cuando se
enjuició la marea negra del 'Prestige', la Xunta hará frente a las
necesidades materiales para la celebración de las sesiones. Díaz
Castroverde ha defendido en todo momento, en sus palabras a la prensa,
la necesidad de una sede "digna, cómoda y que tenga el espacio
suficiente para el desarrollo" normal, cualquiera que sea el número de
asistentes. Fue el último 8 de noviembre cuando comentó que "en el
momento actual, el umbral del primer trimestre del año 2022 me sigue
pareciendo realista".
El 16 de diciembre, cinco meses después de
asumir el cargo, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, recibió a
las víctimas y, como antes hicieron sus antecesores, escuchó al
colectivo, que reclama que el Ejecutivo cumpla con el mandato de Europa e
inicie, por tanto, una nueva pesquisa técnica independiente.
Ese encuentro duró una hora y media y la plataforma se quedó con la
impresión, trasladada a los medios de comunicación, de que no había
voluntad de resolver este escollo. La Agencia Ferroviaria Europea
expuso en su día que la investigación que en 2014 realizó la Comisión de
Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se había centrado
solamente en el maquinista de aquel convoy y, por ende, obviado otras
causas del siniestro en la curva de A Grandeira, a la altura del barrio
compostelano de Angrois.
Además, este órgano apreciaba falta de
independencia del organismo estatal, por estar sus miembros nombrados
por el ministerio responsable. Desde entonces, en varias ocasiones
se ha pedido a España un examen riguroso, al entender que con el que
está hecho no resulta suficiente.
Así las cosas, en 2016 hubo una reforma de la CIAF, para dotarla de
mayor independencia. El argumento de la Abogacía del Estado, después de
ese paso, es que esa nueva investigación tendría que partir de la CIAF
por voluntad propia, no de una petición del Gobierno para así no violar
su independencia. No obstante, como dan validez a lo elaborado, la CIAF
no actúa en ese sentido.
En este escenario, las víctimas exigen la
destitución directa de sus integrantes por incumplimiento de funciones.
Y no solamente se pronuncian al respecto en sus actos públicos, pues
hay, por ello, una causa judicial en marcha, paralela a la penal. El
24 de julio, como en cada uno de los siete aniversarios precedentes, la
plataforma 04155 se manifestó por las calles de Santiago y tras esa
protesta, en el Obradoiro, se dio lectura a un manifiesto: "A lo largo
de estos años víctimas y familiares hemos tenido que ir a Europa para
ser tratados como verdaderos ciudadanos y luchar mucho para desmontar la
verdad oficial". Se quejaron de que habían pasado cuatro gobiernos, otros tantos
ministros de Fomento, y aún no había llegado esa "investigación técnica
independiente que reclama la UE". EFE