SANTIAGO DE COMPOSTELA | La conselleira de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, hizo hoy en
el Parlamento gallego un balance de la ejecución de los fondos que el
Estado transfirió a Galicia para dar apoyo a los sectores más afectados
por la covid-19 y que la Xunta gestionó a través del 3º y 4º planes de
rescate. Con la tramitación ya cerrada, se ejecutó en seis meses algo
más del 70% de los 234,4 millones de euros de los fondos estatales, es
decir, un total de 166 millones de euros.
Lorenzana señaló que el
diseño por parte del Estado de unos requisitos “difíciles de cumplir” y
con una “sobrecarga burocrática” en el procedimiento ocasionó que solo
se recibieran 15.061 solicitudes y que quedaran sin ejecutar el 30% de
los fondos. En este sentido, apuntó que, por el contrario, los dos
primeros planes de rescate que el Gobierno gallego puso en marcha con
fondos autonómicos, con los requerimientos diseñados en el seno del
diálogo social, permitieron que el tejido empresarial gallego recibiera
en tiempo récord, en apenas cuatro meses, 182 millones de euros
-prácticamente el 100% de la cuantía presupuestada- a través de la
tramitación de 80.000 solicitudes.
La conselleira avanzó en la
Cámara gallega que la semana pasada remitió sus respectivas cartas a la
vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y a la ministra de Hacienda y
Función Pública, María Jesús Montero, solicitando la reasignación a
Galicia de los cerca de 70 millones de euros que quedan sin ejecutar de
estos fondos, para que puedan ser destinados en su totalidad al tejido
productivo gallego en el año 2022, con unos requisitos que se ajusten lo
máximo posible a la realidad empresarial de la comunidad.
En este
sentido, apuntó que “si extrapolamos los datos de Galicia, que es de
las comunidades con mejor ejecución de estos fondos, al conjunto del
Estado, resulta que el Ministerio de Hacienda va a recuperar unos 2.000
millones de euros de los 5.000 millones que destinó a las comunidades
autónomas peninsulares”. Llamó la atención sobre el hecho de que
Galicia podría verse en el deber de devolver casi 70 millones de euros
al Estado, pese a que los solicitantes que pidieron ayudas acreditaron
deudas por valor de más de 2.000 millones de euros, lo que confirma la
necesidad de poder disponer de la totalidad de los fondos.
Escaso margen de maniobra
Lorenzana recordó los esfuerzos
hechos por el Gobierno gallego para ejecutar los 234,4 millones de euros
transferidos intentando simplificar el procedimiento, pero advirtió del
“escaso margen de maniobra” que el Estado dejó a las autonomías. Recordó
que sus condicionantes limitaban tanto el acceso a los pagos, que
muchos de los potenciales beneficiarios se quedaron fuera del nuevo
paquete de ayudas, como fue el caso, por ejemplo, de las personas
trabajadores autónomas que no presentaran deudas ni pagos pendientes,
por tener las cuentas al día.