SANTIAGO DE COMPOSTELA | Galicia recibirá 224,5 millones de euros por la sentencia del IVA
correspondiente al mes de diciembre de 2017. El Boletín Oficial del
Estado (BOE) publica hoy una orden del Ministerio de Hacienda y Función
Pública con el importe a abonar a cada comunidad autónoma, lo que viene a
concretar el cumplimiento de la sentencia para Galicia.
La
cantidad a abonar a Galicia por esta sentencia asciende a 211 millones
de euros más los intereses de demora, lo que coincide con los cálculos
realizados por el Gobierno gallego. De los 185 millones de euros que el
Gobierno central tendrá que abonar a las comunidades autónomas en
concepto de intereses de demora, a Galicia le corresponden unos 14
millones.
Galicia tenía razón
La sentencia 553/2021, de 23
de abril del Tribunal Supremo dio la razón a Galicia en su reclamación
de la mensualidad del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017 y
reconoció el derecho a que la Comunidad fuese compensada por esa
mensualidad que no ingresó el Ejecutivo central y a pagarle los
intereses de demora.
Dicha resolución judicial acreditó que el
Gobierno central vulneró el derecho a la autonomía financiera de la
Comunidad gallega, que esa actuación originó un quebranto económico a la
hacienda autonómica, y que de esa manera se produjo un enriquecimiento
indebido para la Administración del Estado.
La Xunta actuó siempre
con la máxima lealtad institucional y por eso Galicia fue la primera
Comunidad en advertir de esta situación en julio de 2018 y reclamar la
mensualidad correspondiente al IVA de 2017 que el Gobierno central tenía
que haber transferido en el año 2019 en cumplimiento del sistema de
financiación autonómica.
El Ejecutivo gallego reclamó de manera reiterada al Gobierno central
que hiciera este abono, tal y como acreditan los hechos probados en la
sentencia. En este sentido, la Xunta exigió en varias ocasiones una
solución en los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF).Además,
elaboró informes jurídicos que facilitaban una solución; exigió conocer
los informes jurídicos en los que el Estado apoyaba su posición y le
aportó los suyos; incluso redactó una propuesta normativa para
solucionar esta cuestión que fue remitida al Gobierno y que no fue
tomada en consideración; y también impulsó la aprobación de resoluciones
en el Parlamento de Galicia en apoyo la esta reclamación.
En
definitiva, Galicia lideró primero la reclamación justa del IVA adeudado
y lideró también la solución. De este modo, estos recursos retenidos
por el Ejecutivo central se podrán transferir a todas la comunidades,
acudieran o no a los tribunales.