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El presidente del TS y del CGPJ recibe al Comisario de Justicia de la Comisión Europea
MADRID | El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recibido hoy en la sede del alto tribunal al comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, en el marco de la ronda de encuentros institucionales que este último mantiene esta semana en España.
Durante la reunión, en la que han abordado diversas cuestiones en relación con el Estado de Derecho y la Justicia en España y con la situación del Consejo General del Poder Judicial, ambos han coincidido en la prioridad y urgencia de renovar a los miembros del órgano de gobierno de los jueces ante lo que Lesmes ha definido como situación “insostenible” de la Justicia española. Producida esa renovación deberá abordarse la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial teniendo en cuenta los estándares europeos.
En este sentido, el comisario europeo ha agradecido al presidente del TS y del CGPJ sus reiterados llamamientos a la renovación y las referencias hechas en el pasado discurso de apertura del Año Judicial a la necesidad de modificar el procedimiento de designación de los miembros del Consejo, que están en línea con las demandas de la Comisión Europea.
Ambos han coincidido también en que la independencia judicial está absolutamente garantizada en España, de modo que esta cuestión no supone ninguna preocupación en Europa, pero Lesmes ha mostrado a Reynders su inquietud por el efecto que el enfrentamiento entre las fuerzas políticas en asuntos relativos a la Justicia -y singularmente su incapacidad para llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo- pueda tener en la apariencia de imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
Lesmes también ha informado al comisario europeo de las graves disfunciones que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021, que imposibilita al Consejo realizar nombramientos discrecionales mientras esté en funciones, está causando en los órganos judiciales y muy especialmente en el Tribunal Supremo.
Renovación del CGPJ
Durante la reunión, el presidente del TS y del CGPJ ha subrayado la anomalía institucional que supone la no renovación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, en prórroga de sus funciones desde el 4 de diciembre de 2018, debido a la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, lo que ha imposibilitado completar el procedimiento puesto en marcha por él mismo el 3 de agosto de 2018 con la remisión a los presidentes del Congreso y del Senado de sendas cartas en las que ponía en su conocimiento la próxima finalización del mandato del Consejo, tal y como establece el artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Desde esa fecha, Lesmes se ha dirigido por carta hasta en cuatro ocasiones -el 10 de enero, el 10 de julio y el 23 de diciembre de 2019 y el 15 de julio de 2020- a los presidentes del Congreso y del Senado instándoles a cumplir con el deber que les impone el citado precepto y ha reclamado asimismo la renovación del CGPJ en los discursos de apertura del Año Judicial pronunciados en 2019, 2020, 2021 y 2022. A estos llamamientos se suman los efectuados por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces y por otras instancias del Poder Judicial, como el realizado el pasado lunes por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, habiendo resultado todos ellos infructuosos.
También la Comisión Europea, en los capítulos dedicados a España en sus Informes sobre el Estado de Derecho de 2020, 2021 y 2022, ha mostrado su preocupación por la falta de renovación del CGPJ, sobre cuya urgencia han insistido personalmente durante sus visitas a España tanto la vicepresidenta de la Comisión Véra Jourová como el comisario Reynders, sin que estas advertencias hayan sido tampoco atendidas hasta la fecha por las fuerzas políticas.
La Comisión Europea considera que, una vez producida la renovación del CGPJ, que estima prioritaria, será necesario abordar la modificación del sistema de designación de los vocales del turno judicial teniendo en cuenta los estándares europeos, cuestión a la que también se refirió el presidente del órgano de gobierno de los jueces durante el discurso de apertura del Año Judicial pronunciado el pasado día 7, en el que consideró “ineludible” la reforma en vista de que el modelo actual “genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia”.
El presidente del TS y del CGPJ ha explicado asimismo al comisario europeo de Justicia que la urgencia en la renovación viene también determinada por las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Esta norma fue aprobada sin que el CGPJ fuera oído durante su tramitación, pese a su solicitud expresa de ser escuchado y pese a las recomendaciones de la Comisión Europea de que en este tipo de iniciativas se tenga en cuenta a todas las partes interesadas.
La imposibilidad de realizar nombramientos discrecionales establecida por la ley -cuyos efectos Lesmes calificó de “devastadores” en el discurso de apertura del Año Judicial- está provocando graves disfunciones en el Tribunal Supremo, mientras que el resto de la organización judicial comienza a sufrir también sus consecuencias negativas.
Así, el número de vacantes en el Tribunal Supremo ascenderá a 20 en los próximos meses, lo que supone el 25% de sus efectivos, aunque este porcentaje se acercará al 30% en la Sala Tercera -que a finales de año contará con 9 vacantes de una planta de 33 magistrados- y al 40% en la Sala Cuarta, que este próximo mes de octubre acumulará cinco vacantes de una planta de 13 magistrados. Ello supondrá que, en breve, la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la Sala de lo Social no podrán constituir sus salas de enjuiciamiento como prevé la Ley por falta de magistrados.
Además, 49 de las 116 presidencias de tribunales que existen en España no están desempeñadas por un titular y el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, al no poder ser repuestas las vacantes.
Independencia judicial
Por último, el presidente del TS y del CGPJ ha expresado al comisario europeo su preocupación por el efecto que el escenario político español -caracterizado por la lucha partidista y la incapacidad para llegar a acuerdos, que se extiende también a los asuntos relativos a la Justicia- pueda tener en la apariencia de imparcialidad e independencia de los jueces, aunque ha subrayado que, pese a la imagen de politización que pueda derivarse del sistema parlamentario de elección de los vocales del Consejo, la judicatura es absolutamente independiente en España, como reiteradamente ha señalado en sus informes el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa al afirmar que “"no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces españoles en el desempeño de sus funciones".
Esa independencia, ha añadido Lesmes, está garantizada frente a los demás poderes del Estado por el Consejo General del Poder Judicial, un órgano constitucional creado específicamente en 1978 con esa misión y que se encarga de todas aquellas cuestiones de naturaleza administrativa-gubernativa y de régimen interior del Poder Judicial.
Prueba de esa independencia son, además, los numerosos procedimientos judiciales relacionados con partidos políticos o con instituciones del Estado tramitados en los últimos años en España con absoluta normalidad, así como el resultado de los barómetros de opinión que periódicamente realiza la empresa Metroscopia para el CGPJ, que revelan que la inmensa mayoría de los miembros de la Carrera Judicial se siente totalmente independiente para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Lesmes ha incidido también en la condición de jueces europeos de los miembros del Poder Judicial en España, destacando que su independencia no puede ser comprendida plenamente sin esta perspectiva y que resulta vital para la eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión, lo que justifica que las Instituciones europeas -como demuestran la presente visita del comisario Reynders y la realizada el pasado mes de junio por la vicepresidenta Jourová- presten la máxima atención a todo lo que se refiere al gobierno de los jueces en cada uno de los Estados miembros de la UE, así como a las garantías de su independencia. Departamento de comunicación