Más de 2.500 personas se presentaron para plazas temporales en el Seaga
22-06-2007
El portavoz de Medio Rural del PPdeG, Roberto Castro, advirtió de que la falta de formación de los voluntarios que trabajarán durante este verano en el monte gallego en tareas de prevención y disuasión podría tener "consecuencias fatais" y reclamó a la Xunta que "asuma as súa responsabilidade sobre os riscos" que puedan correr estas personas, estableciendo seguros y poniéndolos al cuidado de profesionales.
Castro considera que la única solución para la campaña de incendios de este verano será "organizar unhas rogativas permanentes" y encomendarse a San Roque, "que foi a nosa salvación o ano pasado" porque el Gobierno gallego no está "facendo os deberes". Así, señaló que el mal tiempo de estos días favorece al bipartito y dijo que "as borrascas están facendo o que non fai o Goberno" para evitar los incendios.
Pero advirtió de que "despois das chuvias virán os calores e sempre haberá xente disposta a seguir queimando", aunque aseguró que no se refiere a ningún tipo de trama organizada, sino a los que por "neglixencia, despiste ou mala fé" provocan los incendios. El representante popular ofreció una rueda de prensa en el Parlamento para "poñer en evidencia o risco polo que poden pasar os voluntarios do monte galego" y presentar una interpelación en este sentido, que planteará en el próximo pleno al conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal.
Durante su comparecencia ante los medios, volvió a hablar de "improvisación e retraso" en la dotación del personal para el Servizo de extinción de incendios, aunque "a chuvia está dando tempo ao Goberno", reconoció. En todo caso, denunció la "contratación a dedo", o los desbroces que aún hay pendientes en los bordes de las principales vías de comunicación, así como la existencia de unos 200 concellos sin las correspondientes franjas de protección.
A su juicio, "non existe un modelo claro de persoal" y aunque los voluntarios actúan "de boa fé", como ante la catástrofe del Prestige, su desconocimiento del terreno o de las labores a realizar puede hacer que su tarea sea "inútil". Añadió que "non queremos ser catastrofistas, pero pode ocurrir" y reclamó al Gobierno medidas para garantizar su seguridad.
Castro manifestó que a día de hoy aún se desconoce cómo van a ser dirigidos estos grupos de voluntarios y por quien van a estar acompañados porque "sós non poden estar". Además, considera una "irresponsabilidade" que la Xunta establezca "como un éxito" cualquier cifra que baje de los 9.000 incendios, cuando el año pasado 7.000 fuegos quemaron casi 100.000 hectáreas.
Personal temporal
Por otra parte, en la Comisión institucional, el secretario xeral de Medio Rural, Alberte Souto, informó de que se presentaron 2.554 solicitudes para cubrir las casi 900 plazas temporales en la empresa pública Seaga, para la prevención y lucha contra los incendios forestales. Aseguró que este personal tendrá "unhas condicións de traballo análogas ao do convenio colectivo da Xunta" y que en su selección "se respecta escrupulosamente a legalidade".
De hecho, afirmó que "por primeira vez" este año "vanse facer probas selectivas para todo o persoal do Servizo de extinción de incendios, cando antes non era así" y puso de manifiesto que en 2006 unas 200 brigadas municipales se establecían sin ningún tipo de proceso selectivo.
En respuesta a una pregunta del PPdeG, Souto dijo que para la campaña de este año se realizó "un proceso totalmente transparente e planificado" y que la elaboración de listas para cubrir plazas temporales "estivo totalmente rematado o 30 de abril" lo que supone "moita antelación" con respecto a ejercicios anteriores.
Además, aclaró que el conocimiento del idioma gallego "se valora como requisito" en cumplimiento de lo establecido en la Lei de Función Pública, pero que los conocimientos técnicos y la experiencia "para nada se minusvaloran".
El diputado del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, descartó que se pueda llamar prueba selectiva "a un concurso de méritos na que como moito se metía unha proba de aptitude física" y también puso en duda la legalidad de que se exija un nivel de perfeccionamiento de gallego a peones, ya que no se corresponde con su titulación, y sólo tendrían que acreditar un conocimiento básico del idioma.
Miranda cuestionó la necesidad de la empresa pública Seaga, a la que se refirió como un "novo chiringuito", mientras que Souto justificó su existencia porque "vai a reforzar o autogoberno e reducir a dependencia dos medios alleos" en la lucha contra el fuego, entre otras tareas que tiene encomendadas.
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