El Parlamento apoya la petición de los trabajadores de Serrabal de una nueva reunión para valorar la afección del AVE

El PP dice que el Adif "manipuló" el informe de la empresa

El Parlamento reclamó por unanimidad una nueva reunión entre la Xunta, la empresa Ramsa y las organizaciones sindicales para valorar la afección real del AVE Santiago-Ourense a su paso por la mina de Serrabal, tal y como reclamaron los trabajadores, que quieren conocer los datos reales a este respecto. Además, se insta al Gobierno gallego a realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Fomento para "compatibilizar" el trazado del tren con la concesión minera. En este sentido, se aprobó en el pleno del Parlamento una iniciativa a instancias del PPdeG a la que se sumaron, tras diversas modificaciones, el PSdeG y el BNG. En el texto final, se reclama que las Consellerías de Innovación y la de Traballo "aporten os datos que posúen sobre a posible afectación" de la mina de Serrabal, en el concello de Boqueixón, y los efectos sobre el empleo del actual trazado del AVE. También se solicita información de la propia empresa, propiedad del empresario Juan Miguel Villar Mir, al respecto, y si el paso del tren de alta velocidad por la mina va a limitar los años de explotación al ritmo actual del extracción del cuarzo o si se pone en peligro el proyecto de producción de silicio solar. Asimismo, la compañía deberá aportar información de en qué medida va a afectar el AVE al normal funcionamiento de los otros centros en Cee y Sabón. Las conclusiones de esta reunión serán trasladadas al Parlamento, que no vuelve a reunirse en pleno hasta el próximo mes de septiembre, junto con todo lo relacionado con el proceso de prórroga de concesión de explotación minera de Serrabal, ya que la actual termina el próximo año. Pese a la coincidencia final de los tres grupos parlamentarios, durante el debate manifestaron posturas diferentes sobre la polémica surgida en torno al paso del AVE por la mina de Serrabal. De hecho, los propios socios de Gobierno, PSdeG y BNG, presentaron enmiendas distintas al texto del PPdeG, y el grupo de la oposición sólo se mostró dispuesto a negociar la nacionalista, ya que consideraba la socialista una "nova volta de torca ao engano permanente" de este partido con respecto al paso del AVE por la mina. El diputado del PPdeG Alejandro Gómez aseguró que en la última reunión, que calificó de "encerrona" para los trabajadores, entre la Xunta, el Gobierno central y los representantes de la explotación, el Administrador de Infraestructuras y Transportes (Adif) "manipulou a información" de la propia empresa para minimizar la afección a la mina. Por eso, dijo que hubo una "burla aos traballadores e a este país" ya que el propio informe de la Universidad de Oviedo aportado por el Adif "non é válido". El PPdeG defiende que un cambio en el trazado del AVE en este tramo, de 6,9 kilómetros, no supondría un retraso más que de 6 o 12 meses, como mantienen los trabajadores, y afirmó que "non nos cremos que sexa de dous anos", como sostiene el Ministerio de Fomento. Por su parte, tanto el PSdeG como el BNG atribuyeron al anterior Gobierno del PP, en Galicia y en Madrid, el hecho de que el AVE tenga el trazado actual, vinculado esta decisión a un posible beneficio para Villar Mir, que reclamó inicialmente 900 millones de euros de indemnización por el paso del tren por su concesión mineira. El diputado del BNG Fernando Blanco recordó que este empresario tenía una "amistade de vello" con el ex presidente de la Xunta, Manuel Fraga, ya que fueron compañeros de Gobierno durante la dictadura franquista. Blanco reclamó, tal y como exigen los trabajadores, que "se aclare cal é a afección real" y a qué tipo de material, porque no todos los filones son iguales y "un 10 por cento de afectación -como calcula Fomento- pode ser moitísimo". Así, instó a una nueva reunión para "coñecer a verdade" a este respecto y reclamó sobre todo que se "garantan os postos de traballo" en Serrabal. El diputado del PSdeG Abel Losada quiso dejar claro antes que nada que el cuarzo que hay en Serrabal "non é de Villar Mir, senón de todos os galegos e as galegas" y recordó que la concesión termina el próximo año. Recriminó a Gómez que actúa como "axente comercial" de este empresario que tiene "vencellos económicos e políticos con Fraga" y quería hacer "negocio" con la indemnización de 900 millones de euros. Losada apoyó que tanto la Xunta como el Ministerio de Fomento o los trabajadores tengan "toda a información dispoñible" sobre la afección a la mina, pero advirtió de que "non imos a apoiar a estratexia do calamar" del PP de intenttar ocultar que el trazado actual del AVE Santiago-Ourense "o escolleron vostedes".