PORTUGAL / AKIRA NÚÑEZ / CORRESPONSAL | El Parlamento portugués ha aprobado una modificación clave en la Ley de Nacionalidad: el aumento del período mínimo de residencia legal de cinco a diez años para que un inmigrante pueda solicitar la ciudadanía portuguesa. Aunque la medida aún está pendiente de promulgación por parte del Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ya ha despertado una ola de preocupación entre ciudadanos, colectivos y asociaciones que defienden los derechos de quienes hacen vida en Portugal.
Miles de inmigrantes que llevan años construyendo su futuro en el país podrían ver truncado su proceso de integración. Familias enteras que esperaban alcanzar la estabilidad jurídica y emocional que ofrece la nacionalidad se enfrentan ahora a una espera más larga y cargada de incertidumbre.
Las voces ciudadanas denuncian que este cambio supone un retroceso en una Europa que busca avanzar en cohesión social, igualdad y derechos humanos. La nacionalidad no es solo un documento: representa pertenencia, reconocimiento y dignidad.
Ahora, la decisión final queda en manos del Presidente. ¿Escuchará a quienes viven, trabajan y aportan diariamente al desarrollo del país? Portugal se encuentra ante una encrucijada histórica: consolidar una política de inclusión o abrir la puerta a nuevas barreras.