El PPdeG no descarta acudir a la Fiscalía por la adjudicación de la autovía del Barbanza

Caride niega que la oferta elegida suponga un "sobrecoste" y acusa a la oposición de querer levantar una cortina de humo

El enfrentamiento entre Gobierno y oposición por la adjudicación del desdoblamiento de la Vía do Barbanza se endurece. El PP ya ha avanzado que no descarta llevar el asunto a la Fiscalía, mientras la Consellería de Política Territorial niega que la adjudicación fuese ?irregular? y acusa a la oposición de querer levantar una ?cortina de humo?. El portavoz del grupo parlamentario popular, Manuel Ruiz Rivas, acusó al titular de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, de "mentir" hasta en cinco ocasiones durante la intervención que realizó en la Cámara gallega, con el objetivo de justificar una "presunta prevaricación" de la Xunta en la adjudicación de la Autovía do Barbanza. Además, no descartó la posibilidad de que su partido pueda acudir a la Fiscalía para denunciar este asunto, aunque advirtió que el Gobierno gallego "vestiu o santo administrativamente" y, antes de dar ningún paso en este sentido, "temos que saber de onde sacou a roupa". El diputado popular realizó estas declaraciones en una rueda de prensa que acogió la Cámara gallega y en la que Ruiz Rivas criticó duramente la actitud del Ejecutivo autonómico, cuyos miembros se niegan, a su juicio, a dar explicaciones en la Cámara gallega sobre temas "importantísimos" para la ciudadanía gallega. En concreto, señaló que el Gobierno autonómico -y especialmente Emilio Pérez Touriño- desperdició ayer una "moi boa oportunidade" de demostrar que los populares "mentimos" sobre la presunta adjudicación irregular de la Autovía del Barbanza. Asimismo, acusó a Pérez Touriño de haber mentido hasta en cinco ocasiones en lo que respecta al proceso de adjudicación de esta infraestructuras. Según explicó, la primera "mentira" se produjo cuando Pérez Touriño aludió a una "adxudicación fraudulenta" del PPdeG que "nunca existiu porque non chegamos a adxudicar a obra". El popular puntualizó que la única adjudicación fue la que llevó a cabo la Consellería de Política Territorial, que dirige María José Caride, "por unha oferta 30 millóns de euros superior a outra que cumpría os requisitos" y que estaba "mellor" valorada. Recordó también la alusión del máximo mandatario gallego a los criterios de seguridad vial, cuando el informe técnico de la empresa consultora "independente" no observa "carencia" alguna en la oferta de la empresa -San José- que recomendaba. Además, el diputado popular recordó que esta compañía tiene "unha amplia experiencia" y que, posteriormente, el Gobierno gallego "deulle outras obras nas que priman a complexidade técnica e a seguridade" como, por ejemplo, un tramo y un viaducto de la autopista Santiago-Ourense. Ruiz Rivas señaló también que Pérez Touriño dijo el miércoles que la oferta de San José no incluía capa de rodadura drenante, algo que, según explicó desmiente el informe técnico, al igual que la afirmación de Touriño de que la oferta desechada "non tiña cunetas". La quinta mentira, para los populares, pasa por la referencia de Pérez Touriño a los problemas de seguridad de la Vía do Barbanza. Ruiz Rivas señaló que frente a las palabras del titular de la Xunta, que acusa al PPdeG de haber puesto en marcha una auténtica "chapuza mortífera" en esta infraestructura, el primer tramo que se hizo de la vía -el acceso a Rianxo- fue diseñado por el gobierno tripartito presidido por González Laxe y que es dicho tramo el que registra "o maior índice de siniestralidade". Respuesta de Caride Horas después de la comparecencia popular, la conselleira de Política Territorial, María José Caride, respondía en una rueda de prensa. La titular de Política Territorial defendió la adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por Itinere y Caixa Galicia. Caride aseguró que Galicia "non é o feudo de ninguén" sino "un país moderno" en el que los procesos de adjudicación de las grandes infraestructuras están reglados. Insistió en que para la adjudicación de la Autovía do Barbanza se siguió el procedimiento habitual en el que, precisó, la Mesa de Contratación puede -antes de tomar una decisión final y aconsejar una u otra opción para la adjudicación de determinadas obras- solicitar "os informes técnicos que lle veña en gana". Así justificó la conselleira el encargo de un segundo informe técnico para completar la información que aportaba el informe técnico realizado por el anterior Gobierno popular. Según explicó Caride, tras evaluar las condiciones técnicas y económicas que ofrecían las distintas empresas, la Mesa de Contratación -con la misma estructura que cuando Alberto Núñez Feijoo era conselleiro del ramo- presentó, de forma unánime, una única propuesta: la de la UTE Itinere-Caixa Galicia. La conselleira calificó esta propuesta como la "máis vantaxosa" para los gallegos y advirtió que los dos informes con los que contó la Mesa de contratación para adoptar la decisión final colocaban la propuesta defendida por los populares -la compañía San José- en el séptimo lugar (de un total de ocho ofertas) en lo que se refiere a aspectos técnicos. En cuanto al supuesto sobrecoste que denuncia el PPdeG, Política Territorial aseguró que es "rotundamente falso" y señaló que los populares "manipulan" los datos y confunden la inversión que corre a cargo de la empresa con el canon que la Administración debe abonar una vez que la autovía entre en servicio. La conselleira explicó que se tratá de un sistema concesional, por lo que no se puede confundir la inversión que realiza la empresa con la tarifa que pagará la Administración por vehículo una vez que la infraestructura entre en servicio. La Xunta no desembolsaría así ni un euro de inversión en la ejecución de la obra, que asume íntegramente la empresa concesionaria. Según las propuestas presentadas por las distintas empresas que optaron a la concesión, la agrupación Itinere-Caixa Galicia presentó un proyecto de inversión de más de 104 millones de euros, frente a los 78 millones de euros ofertados por la empresa a la que alude el PP, una diferencia que "obviamente, afecta á calidade do proxecto construtivo". Así, el desembolso económico de la Administración no afecta a la inversión que realiza la empresa sino al pago del canon por vehículo establecido. Según subrayó María José Caride, la "única diferenza" en la concesión, explotación y mantenimiento de esta vía a 30 años es de 46.417 euros entre las dos ofertas. "A empresa inviste 26 millóns de euros máis", añadió pero, según explicó, a la Administración "non lle interesa o que teña que invertir de máis a empresa senón a seguridade dos galegos. Durante su intervención, María José Caride reiteró en numerosas ocasiones que se optó por la "mellor oferta" teniendo en cuenta las variables de calidad técnica, viabilidad económica y tarifa a pagar por la Xunta. "Teremos unha vía máis segura", señaló la conselleira y añadió que en este tipo de infraestructuras con dificultad técnica "o prezo é só un dos parámetros, pero non pode ser o único como pretende o PP". "Os populares esquencen que este non é un concunso por subasta", advirtió.