PARLAMENTO
La oposición protesta con carteles contra la Ley de Acompañamiento, que califica de "ataque a la democracia"
La mayoría del PPdeG permitió que el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas -la conocida como ley de acompañamiento de los Orzamentos Xerais de Galicia (OXG)- iniciase su tramitación parlamentaria, al rechazar las enmiendas de devolución presentadas por PSdeG y BNG.
La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, defendió que su inclusión "non responde a criterios oscurantistas" sino que tiene "razón de ser" en su "complementariedade" con los OXG; mientras que la oposición criticó el regreso a las "vellas mañas do PP" y calificó la ley de "ilegal" y de "trampa". De hecho, los diputados de PSdeG y BNG escenificaron su rechazo durante la votación exhibiendo carteles en los que se podía leer "Lei de Acompañamento. Ataque á democracia".
En su defensa del proyecto, Fernández Currás recordó que "a Xunta non está innovando" con el uso de esta técnica jurídica, creada en 1994 por un Gobierno socialista y usada por primera vez en Galicia en 1998. Así, argumentó que la ley de acompañamiento es un recurso útil en tiempos de "incertidume económica" como los actuales, ya que incluye medidas que "dan resposta a necesidades urxentes de Galicia". Currás pidió a los grupos parlamentarios que las analicen y presenten propuestas -el PP ha registrado 16 enmiendas- que "enriquezcan" el texto, "que sen dúbida pode ser mellorado".
La conselleira de Facenda defendió las rebajas fiscales que incorpora el proyecto, y justificó la reforma sobre los suelos rústicos protegidos por ser una respuesta "excepcional" ante la "dificultade de promover parques empresariais". También defendió las modificaciones que afectan al funcionariado de la Xunta, que la oposición criticó por entender que supone la "dixitalización" en los nombramientos. "Non lles da vergonza?", recriminó la diputada socialista María José Caride, mientras Fernando Blanco (BNG) censuró que el PP apruebe el "nomeamento de xefes de servizo a dedo".
Los portavoces económicos de PSdeG y BNG, María José Caride y Fernando Blanco respectivamente, reprocharon que el proyecto modifica más de una veintena de textos legislativos, e introduce "reformas relevantes pola porta de atrás". De hecho, Caride incidió en que el texto que ahora llega al Parlamento carece de los necesarios informes de la asesoría jurídica y del CES. "Feijóo volve ao seu pasado", proclamó en referencia al uso que de esta técnica hacía el Gobierno de Manuel Fraga del que Feijóo era vicepresidente. "É un retroceso en termos democráticos e unha lei-fraude", criticó el nacionalista Fernando Blanco.
Por su parte, el portavoz económico del grupo popular, Pedro Puy Fraga, señaló que el debate abierto es un "debate de técnica xurídica" y acusó a la oposición de "montar lío porque non lles gusta a lei, xa que demostra que a Xunta ten política económica". Puy Fraga defendió que se trata de un "procedemento ordinario" y lo contrapuso a las reformas que el Gobierno central introduce a través de disposiciones adicionales a los Presupuestos Generales del Estado.
"CHAPUZA" Y "TÓTUM REVOLÚTUM"
La socialista María José Caride pidió la devolución del texto y alertó de que el recurso a este tipo de norma es "perigoso", "pouco recomendable" y crea "inseguridade xurídica", tal como han acreditado expertos e instituciones como el CES, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado, señaló. Así, lo calificó de "chapuza" que "mezcla churras con merinas" y constituye un "tótum revolútum" que "evidencia a improvisación da Xunta".
Caride también preguntó a la titular de Facenda por el coste de la normativa y se mostró muy crítica con la desprotección del suelo rústico y de los cauces de los ríos. En su opinión, la ley de acompañamiento debería ser desterrada "por rexeneración democrática, por transparencia e por coherencia", ya que constituye una "clara ilegalidade".
Por otra parte, y en relación con la Axencia Tributaria gallega que se crea con esta ley, Caride alertó de que "non fai nada máis que crear un nome" y puso en duda que se note la anunciada lucha contra el fraude fiscal que pregona. Al respecto, tanto la conselleira como el diputado popular Pedro Puy defendieron esta medida. "Vostedes primeiro dicían que tiña que facerse na reforma do Estatuto e non o fixeron", reprochó el portavoz económico del grupo del PP, quien defendió que el seguido por la Xunta es el "mecanismo axeitado" según señala una sentencia del Tribunal Constitucional.
"POLA PORTA FALSA"
El diputado del BNG Fernando Blanco aseguró que la crisis económica no puede ser "desculpa para poñer en marcha esta lei", que calificó de "lei trampa", ya que introduce "pola porta falsa" importantes reformas "sen o debate e a transparencia necesarias". Blanco insistió en que la Xunta "mete pola porta de atrás trámites que vostedes non se atreven a meter polo trámite ordinario".
El parlamentario nacionalista atacó la "desregularización do solo rústico protexido" y alertó de su posible uso con fines especuladores, al igual que su homóloga del PSdeG. Asimismo, Blanco recriminó el regreso a una figura "que pensabamos que xa estaba abandonada" tras la etapa de Gobierno de Fraga.