PROPOSICIÓN DE LEY
La Xunta quiere reconocer a los profesores como autoridad pública
La Xunta abordará por primera vez en España el tratamiento del acoso escolar mediante una ley de convivencia y participación de la comunidad educativa, una norma que reconoce a los profesores como autoridad pública y que regulará la participación directa de las familias en el proceso educativo.
El conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, y el secretario general de la Consellería, Jesús Oitavén, presentaron esta mañana en conferencia de prensa el borrador de esta norma "novedosa" que tiene como objetivo crear y reforzar los instrumentos jurídicos que permitan alcanzar un clima de convivencia en las aulas y dignificar la profesión docente, según explicó el conselleiro.
Vázquez destacó que una de las principales novedades de esta iniciativa es que por primera vez se aborda en el ámbito legislativo español el tratamiento de las situaciones de acoso escolar, con sanciones para el alumno que pueden llegar hasta la expulsión por un periodo máximo de dos semanas o el cambio de centro.
El anteproyecto de ley prevé la incorporación a los planes de convivencia de los centros de protocolos para la prevención, detección y tratamiento de este tipo de conductas.
Además, tipifica las conductas graves y leves contrarias a la convivencia, tales como las agresiones, la discriminación, así como el propio acoso escolar, y establece las medidas correctoras de las mismas, así como el procedimiento para su aplicación.
El conselleiro avanzó que la futura norma extiende el ámbito de aplicación disciplinaria a las conductas desarrolladas a través de las nuevas tecnologías, como el "ciberacoso", y sancionará también la difusión por cualquier medio de imágenes o información que atenten contra el derecho al honor, la intimidad, o la propia imagen de los miembros de la comunidad educativa.
Vázquez destacó que la ley pretende agilizar la aplicación de las medidas correctoras y dotar de inmediatez a los procedimientos sancionadores "ante conductas gravemente perjudiciales", de modo que la sanción se haga efectiva en tres semanas, cuando en la actualidad se podía demorar hasta más de dos meses.
El conselleiro explicó que la ley, que será de aplicación en los centros públicos de enseñanza no universitaria, establece normas básicas de convivencia, entre las que se incluyen orientaciones sobre la vestimenta, y reconoce al profesorado su condición de autoridad pública, con la protección jurídica que ello conlleva.
En cuanto a la vestimenta, el secretario general de la Consellería apuntó que la ley establece como "principio inspirador" que puede haber determinados atuendos contrarios a la dignidad de las personas, si bien especificó que son los centros los que deben establecer sus propios reglamentos.
Respecto a la autoridad de los docentes, la norma concede a los profesores la presunción de veracidad necesaria para el mantenimiento de la disciplina escolar, de modo que se le atribuirá valor probatorio a los hechos que éstos constaten en el ejercicio de sus funciones en los centros educativos.
Asimismo, la ley habilita a los profesores para requisar a los alumnos cualquier substancia u objeto que se considere peligroso o no esté permitido por las normas del centro, tanto dentro del recinto escolar como durante la realización de actividades complementarias o extraescolares, incluida la prestación del servicio de comedor o el transporte escolar.
Otro de los objetivos que persigue la ley de convivencia es favorecer la participación directa de las familias en el proceso educativo, por lo que habilita a la Administración para que pueda establecer los correspondientes procedimientos consultivos que hagan efectiva esta implicación.
El conselleiro precisó que la participación de las familias afectará a temas concretos de la enseñanza, entre los que se incluyen aspectos relativos al idioma utilizado en la docencia, por lo que se garantiza la autonomía de los centros educativos en materia curricular y la libertad docente y pedagógica de los docentes.