GALICIA | PESCA
El recorte de cuotas de pesca tendrá un impacto de más de 16 millones en la economía gallega
SANTIAGO DE COMPOSTELA | La directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica,
Mercedes Rodríguez, expuso hoy en la Comisión 8ª de Pesca y Marisqueo
del Parlamento de Galicia que las estimaciones realizadas por la
Consellería del Mar sobre los recortes en los totales admisibles de
capturas (TAC) y cuotas en el Cantábrico Noroeste y en aguas de Francia
aprobados en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea de
esta semana tienen un posible impacto en la economía gallega de más de
16 millones de euros.
Esta cifra -que se añade a los 26 millones
estimados en las rebajas de las posibilidades de pesca establecidas en
2020 para este año que está a punto de finalizar- incluye las
consecuencias en el conjunto de actividades vinculadas con el sector
marítimo-pesquero gallego, que tiene incidencia de alguna manera en 64
de las 81 ramas de actividad económica existentes en la comunidad.
La
representante del Ejecutivo gallego explicó que el cálculo hace
referencia al acuerdo ya cerrado para las pesquerías del Atlántico y del
mar del Norte, sin incluir las aguas compartidas con el Reino Unido. En
estas últimas se establecieron para el primer trimestre de 2022 cuotas
provisorias y proporcionales correspondientes al TAC existente este año
-lo que da estabilidad a la actividad de la flota- a la espera de que se
cierre el acuerdo definitivo entre Bruselas y el Gobierno británico.
Mercedes
Rodríguez detalló que la incidencia directa en la flota pesquera
gallega asciende a cerca de siete millones de euros, el equivalente a
los ingresos que dejará de percibir por la primera venta de esas
toneladas de captura que se pierden. De hecho, abundó, Galicia concentra
el 63% del impacto de las reducciones de las posibilidades pesca en los
caladeros del Cantábrico Noroeste, entre las que se incluyen el
descenso del 8% en la merluza de aguas ibéricas, la caída del 19% en la
bacaladilla o los recortes del 7% en la xarda y del 5% en el lenguado. En
cuanto a las repercusiones desde el punto de vista laboral, la
directora general señaló que el acuerdo de TAC y cuotas ponen en riesgo
cerca de 60 empleos y 2,4 millones de euros en salarios de las
tripulaciones, que dejarían de ser percibidos por los marineros. De
hecho, el impacto medio por tripulante a consecuencia de ese ajuste
ascendería a 282 euros en su remuneración anual, una cuantía que habría
que añadir a los más de 1.700 euros perdidos de promedio con las rebajas
de cuotas aplicadas ya en este 2021.
La representante de la
Consellería del Mar también cuantificó la incidencia indirecta del
resultado del Consejo de Ministros de Pesca de la UE sobre los bienes y
servicios proveídos a los barcos, que cifró en unos 2,8 millones de
euros incluyendo los gastos de abastecimiento de combustible, hielo,
víveres y servicios de reparación o administrativos, entre otros.
Balance del acuerdo
La directora general de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnológica calificó los resultados conseguidos
en el acuerdo sobre los TAC y cuotas para 2022 de escasos y muy
limitados pues en la mayoría de los casos únicamente se lograron
suavizar algunas propuestas iniciales de recortes o la estabilidad en
las cuotas de otros recursos complementarios o accesorios. De los 17
stocks sobre los que ya se establecieron las posibilidades de pesca -el
resto son compartidos con el Reino Unido- solo suben en cuatro mientras
que se mantienen estables en cinco y bajan en ocho.
En este
sentido, Mercedes Rodríguez indicó que el resultado global de las cuotas
cerradas para el Cantábrico Noroeste en 2022 supone un descenso de más
del 3% con respecto a 2021, por lo que el Ejecutivo gallego considera
negativo el acuerdo conseguido. Entre los pocos aspectos positivos a
destacar, remarcó, estarían la mejora en el caso del jurel -que pasó de
una propuesta inicial de recorte de las cuotas del 16% la una subida del
12%- y el menor recorte de la merluza en aguas ibéricas -del 8%, frente
al -18% inicial-.
Estas mejoras, recordó la directora general,
contribuyeron los informes elaborados entre la Xunta, la Universidad de
Santiago de Compostela (USC) y el sector para hacer llegar a las
instituciones europeas el impacto socioeconómico que tendrían las
propuestas de lance de las posibilidades de captura en especies como la
merluza, el jurel o el rape. Esos estudios fueron entregados a la
delegación española en la negociación, integrada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno andaluz en
representación de las comunidades autónomas.
Aspectos sociales
La representante del Ejecutivo gallego
lamentó que, tras tantas horas de negociación -fue el Consejo de
Ministros de Pesca de la UE más largo de los últimos años-, no se
consiguieran mejoras de mayor calado y que la Comisión Europea no fuera
sensible a la situación actual de alerta sanitaria, en la que el sector
pesquero fue declarado esencial y trabajó a destajo para abastecer de
alimentos de calidad a la ciudadanía a pesar de que en algunas ocasiones
no era rentable. Además, desaprobó que en la fijación de las
posibilidades de pesca no haya un equilibrio entre los aspectos
medioambientales, económicos y sociales, como debería ser de acuerdo con
la política pesquería común (PPC).
Ante esta situación, concluyó
Mercedes Rodríguez, Galicia seguirá trabajando de la mano del sector con
el objetivo de que pueda mantener su actividad y demostrar a las
autoridades europeas que la pesca tiene futuro y que la flota gallega la
practica de manera responsable y respetuosa con los recursos. De hecho,
ese bueno hacer permitió que la mayoría de los caladeros en los que
faenan los buques gallegos se encuentren en rendimiento máximo
sostenible (RMS), el nivel óptimo de capturas que se puede extraer de
una población sin afectar al recurso.